¿Cómo mejorar la cultura democrática?

No es desconocido para todos que en el país la falta de integridad y buen gobierno genera corrupción y desconfianza en las instituciones. En plena crisis económica, pero sobre todo política y de valores, los principios de transparencia y rendición de cuentas son esenciales para salir del atolladero. Veamos algunas medidas concretas para una democracia de calidad.

Para apropiarse de los asuntos públicos es indispensable contar con información pública, la mayor cantidad de datos y de mejor calidad que permita conocer el estado que guardan los temas que nos interesan a todas y todos. No es posible llegar al diálogo si no sabemos y no nos enteramos de los asuntos públicos, por eso, este primer paso resulta fundamental. El eje de la verdad tiene como finalidad promover y difundir información sobre los derechos y las prácticas sociales, se busca que la ciudadanía intercambie sus experiencias y conozca sus obligaciones y derechos.

Una vez que contamos con información, es necesario abrir espacios para la deliberación y el intercambio de opiniones, para ello se realizarán convenios con diferentes actores que promuevan estos escenarios. Una cultura del debate es esencial para lograr una ciudadanía reflexiva y tolerante. Una tercera tarea es la exigencia, ésta tiene que ver con los resultados que se espera tengan las instituciones públicas y con el involucramiento en los procesos de decisión de las autoridades.

Además de eso otras cuestiones que ayudarían aun mas son las siguientes:

1.- Transparencia. Una administración transparente permite a los ciudadanos conocer la actuación de sus gobernantes y pedir explicaciones sobre la gestión de lo público. La transparencia, por otra parte, es la mejor herramienta en la lucha contra la corrupción. Además de una ley de que permita el acceso de los ciudadanos a la información, debería crearse una Agencia Anticorrupción y protegerse al que denuncie un caso de corrupción, fraude, abuso o despilfarro.

2.- Rendición de cuentas. Este principio, que los anglosajones denominan accountability, obliga a los que gobiernan a explicar con detalle en qué gastan los fondos públicos. Pero además, permite a los ciudadanos exigir responsabilidades a los malos gestores y a los que prevarican o malgastan el dinero de todos. La futura ley de transparencia debería imponer este principio en la actuación de toda la administración.

3.- Una justicia que funcione. Un país en el que un pleito puede tardar más de 10 años en dirimirse no inspira confianza. La tardanza en la resolución de los procedimientos incentiva a los que actúan de mala fe y convierte en ilusorios los derechos de las partes. Pero no se trata solo de una cuestión de eficiencia. Lamentablemente, la credibilidad de la justicia, altamente politizada, también está en juego. La situación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, o la falta de independencia del Fiscal General del Estado, son claros ejemplos del sometimiento de la justicia al poder político.

4.- Un código ético para cargos públicos. La normativa en materia de incompatibilidades y conflictos de interés de los cargos públicos y jueces debería ser clara y generar confianza. No es de recibo que un Ministro de Industria y Energía deje su cartera y a la semana siguiente esté sentado en el consejo de una compañía eléctrica cotizada.

5.- Reforma del sistema electoral. Deberíamos introducir de una vez por todas las listas abiertas en las que el votante puede elegir entre los que figuran en la lista y determinar su orden de elección e instaurar un sistema verdaderamente representativo y proporcional donde los partidos más pequeños jugaran su papel frente al bipartidismo reinante.

6.- Gobierno abierto y participativo. La tecnología actual ya permite la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Y si no, que se lo pregunten a los islandeses, que acaban de aprobar una constitución debatida en Internet y redactada por el pueblo. Adicionalmente, las grandes cuestiones que afecten a la mayoría de los ciudadanos deberían someterse a referéndum.

7.- Administración pública profesional. Los cargos de hasta Director General deberían nombrarse por un sistema de meritocracia, garantizando la calidad de la gestión pública. Se evitarían así los nombramientos y ceses partidistas, y se pondría coto al nepotismo imperante.